“La Crisis”, una oportunidad para la Democracia.

         Existe un concepto generalmente aceptado según el cual, de las malas experiencias se pueden obtener enseñanzas positivas de tal manera que incluso es posible reconvertirlas, por la vía del aprendizaje, en menos malas o incluso buenas, a largo plazo.

         Tras cuatro años de crisis económica, con una perspectiva en la que no se llega a ver ni de lejos la salida y ni tan siquiera el fondo del pozo en el que nos han metido, con la carga soportada de recortes salariales, incremento de horas de trabajo de aquellos que lo tienen, aumento de los impuestos, proliferación de impagos, por no hablar de los dramas personales y familiares de todos cuantos han perdido su empleo o han tenido que cerrar su negocio, resulta difícil hablar de oportunidades.

         Pero la crisis económica y social por la que atraviesa España, puede hacer que muchas conciencias despierten del sueño de vivir en una democracia y por fin caigan en la cuenta de que el sistema político instaurado tras la transición es tan solo un régimen de libertades, debidamente tuteladas, pero no un sistema esencialmente democrático.

         Lo que hace unos pocos años suponía introducir un concepto desestabilizador y antidemocrático, hoy gracias primero al comportamiento que están ofreciendo los distintos poderes del Estado (Rey y familia, Banco de España, Gobiernos autonómicos, CGPJ y Tribunal Constitucional, por citar alguno de los más ejemplares) y después a la obligada revisión de todos los dispendios económicos realizados en sufragar entes, organismos e instituciones, “pilares de la democracia” que hemos venido costeando entre los de siempre, ahora, que pasa por ser un acto de disciplina presupuestaria, tenemos que aprovechar el momento.

         La crisis económica ha desembocado ya en una crisis social y política en la que todo está o debería estar, sujeto a revisión. Desde la concepción del estado como monarquía, la definición del estado de las autonomías, el control del poder judicial, el sistema electoral, el papel los partidos políticos, todo ha de pasar por un examen y nueva definición. 

         Y al minuto siguiente de poner la lupa sobre nuestras instituciones nos daremos cuenta de que el primer problema a resolver es si queremos que dos personas sigan gobernando el país sin que nadie las haya elegido para semejante empresa, o instauramos un nuevo sistema en el que los Secretarios de Organización de los dos principales partidos políticos no lleguen a detentar tanto poder.

         En toda la etapa “democrática” (adjetivo bajo revisión), las decisiones, nuestras decisiones, las han tomado los gobernantes de los dos partidos políticos. Nos concedían la ilusión de hacernos creer que una vez cada cuatro años, teníamos algo que decir, pero lo cierto es que han sido ellos quienes han decidido quién gobernaría a los jueces, quién formaría el tribunal constitucional, qué se investigaría (fiscalía) quién estaría al mando de las Cajas de Ahorros, quién las controlaría (Banco de España), qué teníamos que ver en la TV pública, a quién, qué y de qué forma teníamos que votar, quien iba a dirigir la comunidad autónoma, el ayuntamiento o la Diputación y quien quedaba fuera de ese reparto de poder. Aquel que controlaba el poder del partido (unos en el gobierno del estado, otro en los gobiernos regionales) lo controlaba todo.

         Y evidentemente no eran ni son las manos más capaces, pues a ninguno se le reconocen méritos como para depositar en ellos la confianza para el desempeño de tales responsabilidades. Ingenuamente podríamos pensar que, si se tratara de nuestro dinero no se lo dejaríamos administrar ni cinco minutos, y sin embargo lo hemos hecho durante años, no con el nuestro, pero si con el de todos.

      
           La ocasión no volverá a presentarse en otros treinta años y debemos reclamar la regeneración democrática para que los gobernantes sean elegidos de forma directa por los ciudadanos y el sistema democrático tenga su base en la decisión popular, en el control de un poder sobre otro (inexistente en nuestro país) no en la elección de listas y cargos de un partido, sea el que sea.

La independencia en la administración de las instituciones, frente a la sumisión partidista, no puede esperar y no puede quedarse al margen de la revisión que impone la crisis económica y social. La limitación de mandatos, la rendición de cuentas, personal y directa ante los electores de la gestión realizada, sin la cobertura de la lista y maquinaria del partido y una justa retribución por el servicio público temporalmente prestado, deben sustituir a la institucionalización del servicio al partido como carrera profesional, a la hipocresía de las sucesivas reelecciones como garantía de buen gobierno y a la bendición del electorado a gestiones demenciales tras pasar por unas urnas en las que todo está decidido. 

         Someter a examen la financiación de los partidos políticos y el sistema electoral no sería mal comienzo regenerador, pero, cuidado, habremos abierto la caja de los truenos !!