El precio de la irresponsabilidad.

          En el tránsito de la dictadura a la democracia, mediados los años 70 del siglo pasado, la clase política propuso a los españoles si esa evolución se debía hacer mediante una reforma paulatina del sistema o mediante la ruptura total con todo lo anterior. La idea de la reforma se impuso a través de la aprobación primero por las Cortes y después por el 80% del electorado en referéndum, de la Ley para la Reforma Política de 1977. Uno de los pilares en que se basaba la reforma frente a la ruptura era el inicio de un proceso constitucional que, sin abolir expresamente las leyes Fundamentales, diera paso a un nuevo sistema político. En definitiva, se trataba de pasar de un sistema a otro sin ajustar cuentas, sin derogar de golpe todo lo pasado y hacerlo en un proceso evolutivo.

          No se trata de entrar a juzgar si fue o no acertado; quienes tuvieron derecho a voto así lo decidieron de forma mayoritaria. Pero lo que si es cierto es que esa decisión de no ajustar cuentas, de evitar aplicar los principios del derecho a cuantos los habían transgredido, tenía una justificación; había un interés general en no mirar atrás, en cerrar los ojos frente al pasado reciente y canalizar la iniciativa social y política en construir más que en revisar.

          Hoy nos encontramos en un nuevo tránsito, esta vez de un sistema económico capitalista a otro desconocido; intuimos que es un sistema de reparto de penas más que de alegrías, de recortes más que de subvenciones. Pero como sucedió en los años 70 existe un acuerdo tácito de no mirar atrás, de no analizar y enjuiciar (en el más amplio sentido del verbo) por qué y sobre todo, gracias a quien, hemos llegado a esta situación. Nadie tiene interés en ajustar cuentas. Y no lo entiendo.

          Si me encaja en la clase política pues, quien más quien menos ha gobernado con suficiente poder, ya sea general, autonómico o municipal, como para ser corresponsables, por acción o por omisión, del despilfarro y desfalco total de nuestras arcas. Todos ellos, desde sus más ilustres representes hasta aquellos que deben su cargo y puesto de trabajo a una designación arbitraria en lugar de los méritos, todos tienen motivos para no moverse. Baste recordar el bochornoso incidente, sin investigar, del pago de 3% de comisiones en la Generalidad de Cataluña, los casos de corrupción en los ayuntamientos de la comunidad de Madrid, los de Marbella, Baleares, Valencia, Andalucía etc…  

          Ellos, los políticos, han encontrado la absolución (sean o no creyentes) en las urnas, como si el sistema electoral que tienen a bien concedernos, permitiera la más mínima crítica o censura política. Ya puede un político haber dilapidado el dinero de los contribuyentes en aeropuertos inútiles, que bajo las siglas de tal o cual partido, saldrá bendecido. No tienen las agallas para dar al pueblo un proceso electoral al que concurran sin el cobijo de las listas, ni de las siglas, en el que cada candidato tuviera que rendir cuentas de su gestión, de la suya y no la del partido, cada cuatro años ante quienes le votaron. De ellos no debemos esperar nada.

          Pero de quien si cabe esperar más es de la sociedad civil, de los ciudadanos, de los que votamos (o no) de los que pagamos y de los que asistimos a este cambio sin participar en él.

          Nos estamos limitando a ser meros espectadores cuando deberíamos ser protagonistas. Frente a la pasividad en la rendición de cuentas deberíamos ser beligerantes en reclamar que, por los juzgados empezara a pasar tanto director general de tanto califato, que ha sido responsable de autorizar o consentir que el dinero que poníamos en sus manos, fuera mal administrado -lo que sería una falta de torpeza- cuando no deliberadamente saqueado de los presupuestos, lo que constituye delito.

          Mientras contemplamos cómo tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo y más y más dinero a salvar a los bancos, que según nos dicen son los responsables pero también son la solución, consentimos que nadie de las denominadas autoridades monetarias de nuestro país, no ya de explicaciones ante los tribunales, sino que ni tan siquiera exigimos su dimisión de tal manera que, quien ha sido el máximo responsable de la desregularización bancaria y consentidor del “préstamo total” sigue en el cargo, dando lecciones en lugar ser discreto e irse a su casa.  

          El papel que hemos asumido es el de callar y pagar. Callar por todo y pagar los impuestos establecidos y los por establecer, los céntimos sanitarios, la educación, más IVA, las autopistas, la sanidad, etc… El 15-M pareció ofrecer una luz reivindicativa pero, pronto se apagó. En Islandia, dónde empezó todo, al menos han procesado a su Primer Ministro, por no ver venir la crisis y no adoptar medidas a tiempo para evitar el descalabro. No se trata de coger el Kalashnicof, como nos pedía el jubilado griego que no pudo más y se quitó la vida en la Plaza Sintagma, pero si de exigirnos una mayor rebeldía frente a la pasividad con la que asumimos el resultado de la gran golfada de otros. Al contrario que en la época de la transición, nada justifica esta ley de silencio y perdón con los apandadores que tácitamente, nos hemos impuesto. 

          Decía el Rey que la justicia ha de ser igual para todos, refiriéndose al procesamiento de su yerno. Bien está que se le juzgue, pero la tentación de ensañamiento con semejante aprovechado, puede hacernos perder de vista que, al igual que él hay otros muchos que merecen las mismas penas de escarnio público, de penar procesal y de horas de interrogatorio hasta sacarles toda la verdad, no vaya a ser que, al final, solo el yerno magnífico y otros dos o tres más -si a la jueza Alaya la dejan trabajar- reciban el peso de la ley y ésta no haya sido, como pedía su augusto suegro (aunque en otro sentido) igual para todos. Queda pues, mucho por hacer y aún no hemos aprobado en referéndum ninguna ley de punto final.